La democracia y la ornitología española

Seguramente resulte difícil y doloroso, sentirse un verdadero demócrata, y de repente, levantarse un día y comprender que uno ha vivido en una mentira; que sin ser consciente tan siquiera de ello, ha estado apoyando a un régimen que de democrático no tiene más que su propia autoproclamación. Y más doloroso puede resultar aún el ser consciente de que, aunque haya sido de manera inducida y manipulada, uno mismo haya sido cómplice de muchas barbaridades. Pero ya lo dice el refrán: “Quien bien te quiere, te hará llorar”, y en definitiva, tras superar el dolor, siempre se sale fortalecido.

A lo largo de la historia, han sido muchos los regímenes que se han autoproclamado como democráticos, sin que por ello, hayan gozado de tal reconocimiento por parte de otros países. Sirva como ejemplo nuestro propio franquismo, en el que incluso el propio Franco defendía a España como estado democrático cuando ésta sufría el aislamiento de Europa. Se justificaba tal democracia en el hecho de que en España también se celebraban elecciones e incluso sufragios universales, en que eran las Cortes del Estado las que promulgaban las leyes, constituidas por los Procuradores del Estado, legítimos representantes del pueblo español. También teníamos partidos políticos y los trabajadores disponían de un Sindicato Vertical para organizarse y defender sus intereses, e incluso disponíamos de medios de comunicación para mantener bien informada a la ciudadanía. Sobra decir que estos ingredientes, por sí mismos, no constituyen una verdadera democracia si no se ejercita la pluralidad.

Hoy, la concepción admitida como democracia, se sustenta en un régimen político donde son los propios ciudadanos quienes gobiernan, bien de manera directa (sufragio universal), bien por medio de representantes libremente elegidos. En uno y otro caso, se requiere de un ejercicio en absoluta libertad, donde cada decisión se pueda tomar disponiendo de toda la información, y donde además se establezcan mecanismos de igualdad entre todos los ciudadanos. Para dar cumplimiento a estas simples premisas, se requiere antes el amparo de las libertades, tales como la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de asociación, etc. Así, se requiere de una Carta Magna que reconozca y proteja el ejercicio de todas las libertades para que los ciudadanos puedan autogobernarse, que en nuestro caso, es la Constitución española. El conjunto de estas libertades inalienables, se conoce como derechos fundamentales.

El desarrollo de todos y cada uno de estos derechos, su regulación y aplicación, es realizado por las sucesivas leyes orgánicas, de la cuales a su vez, se pueden derivar otras leyes de rango inferior, constituyendo en su conjunto lo que se conoce como estado de derecho.

Por lo tanto, la palabra democracia y el término estado de derecho son indisociables, y puede decirse que el estado de derecho es, precisamente, el conjunto de normas que sustentan una democracia. O sea, no puede darse democracia sin un estado de derecho.

Claro que, imaginemos que sea el propio Estado el que incumpla el estado de derecho, y que sea este mismo Estado quien promulgue leyes que atenten contra otras leyes de rango superior, como puedan serlo las leyes orgánicas o la propia Constitución. En tal caso y por lo expuesto anteriormente, aun cuando esas leyes contradictorias se aprueben por el órgano legítimo y competente, se estaría violando el espíritu de la democracia en sí. Para prevenir esto, un estado de derecho cuenta con el Poder Judicial, y es precisamente el Tribunal Constitucional el que dirime estos asuntos, pudiendo dejar sin validez leyes que puedan ser contrarias a los principios establecidos en la Constitución. Es decir, existen mecanismos de control incluso para el propio Estado.

Extrapolado todo esto a nuestras organizaciones ornitológicas, podemos afirmar que no serán democráticas, por mucho que se autoproclamen como tales, y por mucho que se quieran disfrazar de ello, aquellas entidades que no velen y promuevan el cumplimiento del estado de derecho; y violen, explícita o encubiertamente, cualesquiera de los derechos fundamentales; tampoco lo serán aquellas que no promuevan la pluralidad, sino que, al contrario, erradiquen a cualquier opinión que pueda ser disidente con el poder; tampoco serán democráticas las que no promuevan la libertad de información, que secuestren la información, para así, poder manipular a su conveniencia la voluntad de sus integrantes.

Para garantizar que nada de esto suceda, el Estado español promulgó en 2002 la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, y con ello, ninguna entidad que no cumpla escrupulosa y rigurosamente esta ley, podrá ser considerada como democrática.

Ahora, que cada cual mire a su propio ombligo, y deduzca lo que estime conveniente.